La propuesta europea

La directiva propone un tope de TAE máxima calculada como el tipo de interés del BCE + un margen. En la práctica, esto limitaría la TAE de los microcréditos a un rango de 100-200%, muy por debajo del 2.000-4.000% actual en productos a corto plazo.

La fórmula concreta no está cerrada. Las dos opciones más discutidas son un tope absoluto (un número fijo, ej. 100% TAE) o un tope relativo (BCE + X puntos, que se ajusta automáticamente cuando suben tipos). El sector defiende el segundo modelo porque los costes de fondeo cambian con el ciclo, mientras que las asociaciones de consumidores prefieren el primero por su claridad para el cliente.

La directiva también introduce un mecanismo de revisión anual obligatoria del tope, evitando que un número fijo quede obsoleto cuando cambien las condiciones macroeconómicas. España, como Estado miembro, tendría que transponerla en un plazo de 18-24 meses tras aprobación.

Topes de TAE actuales en Europa

Antes de entrar a evaluar el impacto en España, conviene ver cómo está el panorama actual entre nuestros vecinos europeos:

Francia: el límite es el "taux de l'usure" calculado por el Banco de Francia cada trimestre. Para créditos al consumo de menos de 3.000€ ronda el 21,16% TAE en 2026. Préstamos por encima quedan fuera de la ley.

Alemania: no hay tope legal explícito, pero la jurisprudencia ha establecido que se considera usura cuando la TAE supera al doble del tipo medio de mercado. En la práctica eso da un límite efectivo del 18-22%.

Italia: tope trimestral del Banco de Italia, similar a Francia. El "tasso soglia antiusura" para créditos al consumo se sitúa en torno al 18-25% según el importe.

Países Bajos: tope rígido del 14% TAE, uno de los más estrictos de la UE.

España: sin tope legal específico. Solo aplica la Ley de Usura de 1908, que considera usurarios los créditos "notablemente superiores al normal del dinero" — un criterio interpretado caso a caso por los tribunales.

La sentencia clave del Tribunal Supremo (revolving)

En España, la jurisprudencia más relevante es la STS 149/2020 sobre tarjetas revolving de Wizink, que estableció que una TAE del 27,24% era usuraria por superar "notablemente" el interés normal del dinero.

Esta sentencia ha sido replicada en miles de pleitos posteriores y ha llevado a que las financieras eviten ofrecer productos por encima del 25-26% TAE en créditos a largo plazo (revolving, líneas de crédito).

El problema: la doctrina del Supremo se aplica a créditos a largo plazo. Para microcréditos a 30 días, los tribunales han sido más laxos — entendiendo que la TAE astronómica (1.000-4.000%) es resultado matemático del corto plazo, no de un interés real desproporcionado. La directiva europea zanjaría esa ambigüedad.

Calendario regulatorio: cuándo entraría en vigor

El proceso legislativo europeo no es rápido. Estos son los hitos previstos según el calendario actual de la Comisión:

2026 Q3-Q4: primera lectura en el Parlamento Europeo y negociación con el Consejo (representantes de los Estados).

2027 Q1-Q2: aprobación final si hay consenso. Si hay bloqueo (probable, dado el lobby del sector), se atrasa 12-18 meses más.

2027-2028: trasposición obligatoria en cada Estado miembro, con plazo de 18-24 meses.

2029-2030: entrada en vigor efectiva en España, con un periodo transitorio para que las financieras adapten sus productos.

Es decir: aunque la directiva se apruebe en 2027, los efectos prácticos para el consumidor español no se notarán hasta finales de la década.

Impacto en el mercado español

Si se aprueba, muchas financieras de microcréditos a corto plazo tendrían que cambiar su modelo de negocio o desaparecer.

Las financieras con TAE baja como Cofidis (24%), Cetelem (6,95%) o las financieras con primer préstamo gratis (TAE 0% en la primera operación) no se verían afectadas. Los productos a 30 días con TAE 1.000-4.000% sí.

Tres escenarios posibles según la opinión de analistas del sector:

1. Concentración: sobreviven las financieras con costes de fondeo bajos (Cofidis, Cetelem, bancos). Las pequeñas independientes desaparecen o son absorbidas.

2. Plazos más largos: los microcréditos a 30 días se convierten en productos a 6-12 meses para diluir la TAE bajo el tope. El consumidor pagaría intereses durante más tiempo, no necesariamente menos.

3. Migración al mercado gris: consumidores con scoring bajo, que ya no encuentran financiación legal, podrían acudir a prestamistas no regulados (riesgo de estafas, intereses descontrolados, presión).

Para los consumidores el balance es ambiguo: menores costes en general, pero también menos opciones para perfiles de riesgo (parados, jubilados con pensiones bajas, ASNEF). El debate sigue abierto y la Comisión Europea está pidiendo aportaciones a través de consulta pública.